A veces, muchas veces, como nos lo ha enseñado el ingenioso Conan Doyle, las pruebas de un asesinato están a la vista. Son tan pero tan evidentes que escapan a la mirada de los más experimentados investigadores, detectives y fiscales. Y también es cierto (porque nos lo enseña la sabiduría popular) que el pez por la boca muere. A más de cuatro meses del asesinato de Carlos Fuentealba, y mientras la justicia neuquina parece dormir una siesta interminable, las pruebas que señalan al autor intelectual del crimen están ahí, como lo estuvieron desde las primeras horas.
Por lo que sabemos a través de los medios de comunicación, el fiscal no ha encontrado órdenes escritas sobre el operativo policial que culminó en el fusilamiento de Carlos. Si alguna vez las hubo, es probable que hayan sido destruidas. Porque así como la policía se tomó varios días para señalar al autor del disparo mortal, también tuvo todo el tiempo del mundo para destruir evidencia comprometedora para las autoridades de la provincia. Más aun, en los últimos días se ha dicho que los grupos especiales de la policía (expresamente prohibidos por la Constitución Provincial) tienen cierta autonomía a la hora de reprimir y que, por lo tanto, su accionar no requiere órdenes detalladas por parte de los funcionarios políticos.
Sin embargo, basta releer los extractos de las conferencias de prensa que dieron el gobernador Jorge Sobisch y el entonces subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, para observar que el operativo fue montado con la sola intención de reprimir la protesta docente. Fue, sin más vueltas, una auténtica encerrona concebida para acabar tal como acabó: con un asesinato a sangre fría.
La cuestión es bastante simple. Tanto Sobisch como Pascuarelli, en las mencionadas conferencias de prensa, brindadas cuando Carlos Fuentealba aún agonizaba, dijeron saber que los maestros tenían la intención de cortar la Ruta 22 en Arroyito para bloquear el flujo turístico de Semana Santa. No podían ignorarlo; había sido una decisión tomada públicamente por el sindicato docente. Por eso, el gobierno provincial ordenó preparar un camino alternativo que partía desde el paraje conocido como puente El Carancho, ubicado a unos diez kilómetros de Arroyito. Y El Carancho importa.
Para quienes no conocen la zona, conviene intentar una descripción que permita formarse una imagen de la escena del crimen. A unos 40 kilómetros de Neuquén, rumbo al sudoeste, está la ciudad de Senillosa, sobre la Ruta 22. Siempre hacia el sur y por la misma ruta, a unos quince kilómetros, está el paraje llamado Arroyito. En este punto hay un puente que cruza sobre un canal de riego y un conjunto de edificaciones (estación de servicio, hotel, etc.). Un poco más adelante está la rotonda donde confluyen las rutas 22 y 237, desde donde se accede a los principales centros turísticos del sur de la provincia de Neuquén. Ahora bien; entre Senillosa y Arroyito, está el puente de El Carancho (es un pequeño puente sobre una alcantarilla) y desde aquí parten varios caminos rurales hacia ambos lados de la ruta.
Volvamos ahora a los hechos. Al ser consultado sobre cuál había sido la orden que le dio a la policía, Sobisch dijo: “Es muy simple la orden; nosotros trabajamos la noche anterior haciendo un camino de circunvalación que pasaba doblando hacia la izquierda como si fuéramos para el sur de la provincia y ese camino de circunvalación iba a estar habilitado en tanto y en cuanto no se cortara el puente de Arroyito. Cuando se inició la negociación en la ruta, las directivas muy precisas eran que se informara que si se apostaban podían cortar la ruta pero, en el puente El Carancho. Ellos podían cortar la ruta. No había ningún problema, pero que nos dieran la posibilidad de tener un camino de acceso, porque ya los ánimos estaban demasiado caldeados y podríamos tener enfrentamientos entre civiles, entre personas que querían circular por la ruta”.
Por su parte, Pascuarelli dijo: “En el día de ayer [3 de abril] se había preparado un camino alternativo para poder derivar el tránsito, porque se sabía que podría haber un corte de la ruta 22 frente a la estación de servicio en Arroyito. Se había elaborado para derivar el tránsito liviano, que entraría por Senillosa y que tendría salida por el puente denominado El Carancho”.
Ahora bien, la pregunta del millón es la siguiente: si el gobierno conocía dónde sería el corte, si estaba dispuesto a permitirlo en El Carancho y si se había tomado la molestia de trazar una ruta alternativa, entonces ¿por qué apostó la policía en Arroyito y no en El Carancho?; ¿por qué permitió que los manifestantes llegaran a Arroyito para recién allí decirles que debían retornar hasta El Carancho? Sobisch dijo: “La directiva que yo le había dado a la Policía era que trataran de convencerlos, que no tenemos problemas que corten la ruta, que corten la ruta, en Añelo ya está cortada, lo único que pedíamos, es que nos dejen liberado un acceso, porque si no las consecuencias podían ser muchísimo más difíciles. Como todos saben, no hubo acuerdo sobre la ruta y pasó lo que todos conocen”. A su turno, Pascuarelli había dicho: “La policía se constituyó en el lugar [Arroyito] en horas tempranas y en base a lo que prevé la ley 2081 dispuso un operativo para tratar de evitar el corte de ruta en ese lugar. Muchos aceptaron la propuesta y se fueron hasta el puente, otros no se pusieron de acuerdo y esto dio lugar a que la policía tuviera que actuar”.
No hace falta ser un genio para darse cuenta de que los relatos de Sobisch y de Pascuarelli revelan que había un deliberado plan para matar. Sobisch reconoce que las supuestas directivas de “convencer” a los manifestantes eran anteriores al corte en Arroyito y que ya estaban previstas “consecuencias muchísimo más difíciles” en caso de los maestros no cedieran ante la persuasiva verba de los jefes policiales. Pascuarelli lo dice aun más crudamente: la policía fue a Arroyito para evitar el corte en ese lugar, de lo cual se desprende que nunca se contempló la más obvia medida de apostar la policía en El Carancho. Para decirlo con toda simplicidad: si el corte se hacía en El Carancho, no habría represión (era un corte permitido), pero si se hacía en Arroyito, la cosa sería diferente con “consecuencias muchísimo más difíciles”, Sobisch dixit. La pregunta persiste: ¿por qué la policía esperó a los manifestantes en Arroyito? La respuesta es contundente: porque el gobierno de Sobisch quería reprimir.
Alguien podría decir que todo fue un error de los jefes policiales, que a nadie se le ocurrió que lo lógico era poner a la policía en El Carancho. Este argumento, que atenuaría la responsabilidad homicida de Sobisch, no tiene mucho asidero a la luz de las propias palabras del propio gobernador y del ex subsecretario de Seguridad. Ellos valoraron todas las alternativas posibles, planificaron meticulosamente cada paso y optaron claramente por la represión. Se supone que la responsabilidad de Sobisch como gobernante radicaba en evitar “consecuencias muchísimo más difíciles” y no en propiciarlas; él fue el principal ideólogo de la encerrona de Arroyito y por eso es tanto o más responsable que aquel que ‘jaló el gatillo’.
Fernando Lizárraga.
Neuquén, 20 de agosto de 2007.
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